La situación de excepcionalidad que ha provocado la pandemia del coronavirus ha provocado el peor descalabro económico que ha vivido nuestro país en los últimos 80 años. Durante los pasados meses, se han agravado enormemente los retos sanitarios, económicos y sociales, que se añaden a los que estábamos afrontando antes de la pandemia, como la emergencia climática.

A causa del impacto de la COVID 19, el paro ha crecido en España en 527.900 personas este año 2020 y se han destruido 622.600 puestos de trabajo, las peores cifras desde 2012. Según el último informe anual de desigualdad de Oxfam Intermón, la tasa de pobreza relativa en España ha pasado del 20,7% al 22,9%, lo que supone que hay un millón de personas más por debajo del umbral de pobreza. Son 10,9 millones de personas que viven sin recursos.

La crisis a la que nos enfrentamos es dura y ha acentuado las desigualdades que ya existían en términos de ingresos, salud, educación y género. No se trata de una crisis lejana, la estamos viendo día a día en nuestros municipios: familias sin ingresos, incremento de las personas en situación de vulnerabilidad, cierre de negocios, etc.

Ante este contexto, Europa ha establecido las bases para la reconstrucción con los fondos del programa Next Generation EU, un instrumento temporal de recuperación dotado con 750.000 millones de euros que ayudará a los Estados miembros a hacer frente a los efectos económicos y sociales de la pandemia. El objetivo es reforzar la apuesta por una transición ecológica y digital para ser más sostenibles y resilientes ante las amenazas actuales y futuras. Es una oportunidad que debemos aprovechar para alcanzar la transformación que requiere la emergencia climática, económica y social. Por ello, es importante el entendimiento entre todas las partes en el momento de concretar soluciones y, sobre todo, de establecer mecanismos para definir una gobernanza efectiva que garantice que avancemos en inversiones realmente transformadoras. Para hacerlo, la colaboración publicoprivada es fundamental; solo así conseguiremos desarrollar las acciones necesarias para garantizar los niveles de bienestar con los que nos hemos comprometido mediante los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. En este ámbito, desde Agbar, hemos presentado una serie de proyectos vinculados a las distintas palancas estratégicas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía que movilizará 72.000 millones de euros hasta 2023. Marquemos el camino hacia la sostenibilidad, la resiliencia y la generación de ocupación en el sector del agua y del medio ambiente.

Las empresas han demostrado, una vez más, ser actores destacados para nuestra capacidad de concretar respuestas. Desde Agbar, consideramos que urge establecer, municipio a municipio, un pacto social que garantice una reconstrucción económica sostenible que impacte positivamente en el ámbito local. Esta es nuestra propuesta, que cuenta con un papel destacado de la empresa como parte de la solución. Con esta mirada puesta en el presente y en el futuro, proponemos un pacto social construido desde la colaboración y desde los municipios, que se baja en tres ejes: 1) la solidaridad, atendiendo a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, sin dejar atrás a nadie y desde la transparencia; 2) la ocupación de calidad, ofreciendo a la sociedad un retorno en forma de trabajo de calidad y desarrollo profesional, con formación orientada a la ocupación verde y los green jobs; y 3) la reconstrucción verde e inclusiva, haciendo confluir las agendas del crecimiento económico sostenible e inclusivo a corto plazo, con la de la transición ecológica y justa a largo plazo.

La hoja de ruta para avanzar conjuntamente nos la proporciona las Naciones Unidas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y, en este contexto, recibe especial protagonismo el ODS número 17, Alianzas para alcanzar los objetivos, porque será más necesaria que nunca la colaboración publicoprivada. De este modo, para desarrollar este pacto social, necesitamos que todos los actores se comprometan: ciudadanía, administraciones, entidades sociales y empresas. Porque solo así conseguiremos progresar y proteger nuestro estado de bienestar si todos los agentes hacemos que este pacto social se convierta en un reto común.

La emergencia sanitaria de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la necesidad de acelerar la transformación de la economía hacia un modelo más sostenible que garantice una mayor resiliencia frente a acontecimientos críticos y globales. Porque únicamente podremos superar los retos presentes y futuros si apostamos por la innovación y reforzamos nuestra capacidad de adaptación.

Es momento de mirar hacia adelante con el impulso de las alianzas publicoprivadas y situar a las personas en el centro de nuestra acción. Es momento de avanzar juntos hacia una recuperación económica sostenible, inclusiva y solidaria, que no deje atrás a nadie. Es momento de un nuevo pacto social.